En la Semana Europea de la Pobreza Energética, Greenpeace denunció, con imágenes termográficas tomadas a edificios de diferentes ciudades de España (Madrid, Zaragoza, Ávila y Valladolid), las generalizadas y elevadas fugas de calor de las viviendas. 

Las fotos muestran, a través de una paleta de colores de amarillos a morados, las diferencias de temperatura en la superficie de un mismo edificio, lo que permite identificar aquellos puntos en los que el aislamiento es más deficiente.

Se aprecian fugas por las ventanas, en las esquinas, por el forjado estructural de la casa o por los puentes térmicos, entre otros lugares. lo que confirma la elevada ineficiencia energética de la mayoría de nuestros hogares (que afecta al 95 %, según el INE). En definitiva, nos ofrece un panorama “en naranja y amarillo” que demuestra cómo se escapa la energía (y también el dinero) de nuestras casas. 

Esta situación de pobreza energética afecta a más de 20 millones de hogares, no solo los que se construyeron hace décadas, sino también modernos, y tiene implicaciones en el confort de las familias y en su pérdida de poder adquisitivo. Además, la pobreza energética en nuestro país sigue en aumento y ya afecta, al menos, a uno de cada cinco hogares. 

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2023), el 21 % de la población se encuentra en esta situación, duplicando la media europea del 10,6 % (Eurostat, 2023). La situación es aún más grave en los hogares en régimen de alquiler.

“La pobreza energética afecta especialmente a quienes no pueden pagar las facturas de luz o gas, pero el empobrecimiento energético es generalizado en una población víctima del oligopolio energético que tiene que pagar mucho más de lo que debería por mantener la temperatura de su hogar, aunque no lo sepan. Es un problema que se agudiza porque de forma general nuestras casas derrochan energía de manera innecesaria”, afirma José Luis García, responsable del área de Clima, Energía y Movilidad de Greenpeace España.

En este contexto el gas continúa subiendo (un 61.7 % en el último año, que elevó un 54 % el precio de la electricidad a diciembre 2024 respecto al mismo mes del año anterior, y un 30 % a enero de 2025).

Un incremento de precios motivado fundamentalmente por los conflictos geopolíticos y las tácticas especulativas de las empresas de combustibles fósiles, que encarecen la factura energética a una ciudadanía ya empobrecida por la inflación fósil, mientras las empresas energéticas de nuestro país (como Repsol, Naturgy, Endesa e Iberdrola) están en niveles de récord histórico en sus beneficios y distribución de dividendos.

“La mejor forma de luchar contra este empobrecimiento generalizado es exigir la mejora del aislamiento de nuestras casas y sustituir el gas por soluciones renovables y eficientes que ahorran dinero, nos protegen mejor del frío y nos ayudan a luchar contra el cambio climático. El Gobierno debe dejar de financiar a los combustibles fósiles que causan esta crisis social y ambiental y poner el dinero al servicio de las soluciones que benefician a todas las personas”,  declara María Prado, coordinadora de la campaña de energía de Greenpeace.

Greenpeace reclama que, además de medidas paliativas para el corto plazo que garanticen un acceso a servicios básicos energéticos, se aborde definitivamente la medida estructural que resuelva esta crisis energética permanente de la vivienda, rompiendo la cadena de su dependencia del gas.

Para ello, la organización demanda una urgente intervención pública en la rehabilitación energética del parque de vivienda reorientando las actuales subvenciones del sector de los combustibles fósiles hacia una verdadera transición verde sin dejar a nadie atrás. El objetivo debe ser que todos los hogares dispongan de las condiciones adecuadas de confort térmico, mediante rehabilitación con aislamiento, bomba de calor y autoconsumo solar, priorizando a los colectivos más vulnerables.