Este año estará cargado de importantes novedades legislativas que transformarán el sector agroalimentario. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran la Estrategia Nacional de Alimentación, que será presentada por el Ministerio de Agricultura a principios de este 2025, y la puesta en marcha de la Junta Europea de Agricultura y Alimentación, impulsada por la Comisión Europea. Sin embargo, más allá de estas medidas de gran alcance, otras normativas específicas tendrán un impacto directo en el sector.

El inicio de 2025 trae consigo la publicación del nuevo Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre envases y residuos de envases, que se espera en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) este mismo mes de enero. Esta normativa introduce objetivos ambiciosos para 2030 y 2040, como el aumento del uso de materiales reciclados, la reducción del peso y volumen de los envases, y la eliminación progresiva de sustancias preocupantes, como las PFAS.

El responsable de Asuntos Regulatorios de AINIA, José María Ferrer, señala que también se deberán atender cuestiones relacionadas con el etiquetado y la información al consumidor, aspectos que el Ministerio para la Transición Ecológica ya está armonizando con el Real Decreto 1055/2022 mediante una nota interpretativa.

El proyecto de ley para prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentario, que actualmente se encuentra en el Senado, continuará su tramitación en los primeros meses de 2025. Todo indica que esta iniciativa verá la luz este año, tras incorporar enmiendas que fortalecen aspectos clave como el concepto de agentes de la cadena alimentaria y las buenas prácticas para incentivar la venta de productos con fechas de consumo preferente o caducidad próxima.

Entre las novedades, destaca la creación de un Plan Estratégico Nacional y programas autonómicos para reducir el desperdicio alimentario. Según José María Ferrer, estas medidas buscan fomentar el consumo responsable en todas las etapas de la cadena alimentaria.

Otro tema central será la aprobación de una proposición de ley para combatir la reduflación, una práctica que consiste en reducir la cantidad de producto manteniendo el precio o incluso aumentándolo. Según un estudio reciente, el 54 % de los consumidores en España ha detectado esta situación, especialmente en alimentos como snacks, pan, pasta y dulces.

La nueva normativa obligará a informar de manera clara y visible sobre cualquier reducción en el contenido de un producto que implique un aumento del precio por unidad de medida. Este deber de información deberá cumplirse en el punto de venta durante al menos 90 días desde la comercialización del producto modificado.

La deforestación también será un tema crítico en 2025 con la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2023/1115. Esta normativa prohíbe la venta en la Unión Europea de productos vinculados a la deforestación y la degradación forestal.

El responsable de Asuntos regulatorios de AINIA, José María Ferrer, destaca que las grandes empresas deberán cumplir estas exigencias antes del 30 de diciembre de 2025, mientras que las micro y pequeñas empresas tendrán hasta junio de 2026 para adaptarse. Este reglamento plantea desafíos significativos para la comercialización y exportación de materias primas, pero también refuerza el compromiso del sector con la sostenibilidad.

Estas normativas, junto con otras medidas de ámbito nacional y europeo, configuran una agenda agroalimentaria para 2025 enfocada en la sostenibilidad, la transparencia y la protección del consumidor. AINIA seguirá acompañando a las empresas en la adaptación a estos nuevos retos legislativos.