«El trabajo dignifica al hombre», reza el dicho popular, pero lo cierto es que el trabajo es ante todo una necesidad del ser humano para poder sobrevivir en un mundo cada vez más complejo.

La desigualdad social y económica inherente a la especie humana obliga a millones de personas a abandonar sus países de origen de manera permanente muchas veces y de forma temporal otras, desplazándose a miles de kilómetros con la única finalidad de obtener recursos económicos que le permitan subsistir o enviar dinero a sus familias.

Huelva con más de 11.000 hectáreas dedicadas a los frutos rojos necesita alrededor de 80.000 temporeros cada año, de los que más de un 60% son extranjeros y otros tantos son españoles, pero de otras provincias y regiones por lo que también se tienen que desplazar desde sus localidades.

Quienes vienen, lo hacen con la fe de poder guardar la mayor cantidad de dinero posible para aguantar el resto del año en su país, lo que de alguna forma les condiciona a la hora de elegir el lugar de residencia o la vivienda a ocupar en ese tiempo.

Hace tres décadas, muchos de estos trabajadores se conformaban con un plástico que les cubriese en las frías noches y cuatro paredes hechas de restos de obra o pallets de madera, dando paso todo ello, a los primeros asentamientos chabolistas de la provincia.

La realidad social y económica ha cambiado debido a circunstancias internas y externas que han hecho que a lo largo de éstos años, todos los actores implicados en el sector, productores, clientes y administraciones públicas hayan comenzado a tomar conciencia sobre la inmediata necesidad de mejorar las vidas de esas personas que son fundamentales en el buen desarrollo empresarial de las compañías explotadoras y en el éxito comercial de las mismas de cara a sus clientes europeos.

El Parlamento Europeo, advertía de la gravedad del problema de la infravivienda entre los trabajadores temporeros de nuestro país, poniendo especial énfasis en la necesidad de llevar a cabo profundos cambios en el sector, así mismo todas las administraciones públicas españolas, Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos, han señalado la urgencia de esa transformación a nivel global, siendo  una parte de los empresarios agrícolas, quienes han abierto el camino a seguir, al tomar la iniciativa para erradicar las precarias condiciones de vida que los trabajadores mantenían.

Sostenibilidad y condiciones de trabajo óptimas

Gran parte de la población europea empieza a tener una elevada conciencia medioambiental y, consecuentemente, con el origen y trazabilidad de sus alimentos, sindicatos y otras organizaciones están trabajando en una iniciativa para fomentar el comercio ético. Es sustancial que las regiones productoras garanticen la sostenibilidad de los sistemas en toda la cadena de suministros.

Supermercados, empresas comercializadoras y procesadoras de frutas europeas, empiezan a exigir auditorías aleatorias para conocer las condiciones de los trabajadores en distintas empresas proveedoras del sector de los frutos rojos, como es el caso de las grandes cadenas danesas de supermercados y las cadenas alemanas Lidl o Aldi.

Para ello, están recurriendo a las llamadas «auditorías sociales aleatorias no anunciadas» que tienen como objetivo, reforzar el control de la aplicación de los requisitos que exigen estas cadenas. A estas se suman la auditoría GRASP, a la que todos los proveedores de las cadenas alemanas y de otros países europeos deben someterse actualmente y la auditoría SMETA para las empresas proveedoras del Reino Unido y mundo anglosajón.

«Las buenas prácticas agrícolas no se centran únicamente en los productos, sino también en las personas». El cambio debe comenzar con un incremento de las soluciones habitacionales que demandan estos trabajadores y sobre todo en la mejora de la calidad y confortabilidad de las mismas.»

Es fundamental comenzar a trazar el futuro del sector de los frutos rojos, en el cual es imprescindible y necesario un cambio en la filosofía y estrategia empresarial del sector para poder competir en un mundo cada vez más complejo, condicionado por los factores comentados anteriormente.

Una de las causas fundamentales de la falta de mano de obra, entre otras, deriva de la escasez de alojamiento y de las malas condiciones con las que se encuentra la poca oferta existente. Este cambio debe comenzar con un incremento de las soluciones habitacionales que demandan estos trabajadores y sobre todo con la mejora de la calidad y confortabilidad de las mismas.

Todos estamos obligados a poner nuestro grano de arena para conseguir un objetivo común, mejorar las vidas de todas las personas, Modulya, empresa de construcción industrializada modular onubense, es un ejemplo de ello, ha tomado conciencia de esta problemática y se ha propuesto poner su granito de arena para poder revertirla, propiciando un cambio en la cultura empresarial, cambiar radicalmente el modo de alojar a los trabajadores temporeros, sustituyendo las viejas casetas de obras, por modelos arquitectónicos de última creación, primando el confort, la sostenibilidad, la eficiencia y la salubridad, con altos valores técnicos y comprometidos con los ODS, objetivos de desarrollo sostenibles. Soluciones construidas con materiales y con unas dimensiones mínimas que cumplan toda la normativa

Empresas del sector como Frescapricho, La Condesa Berries y Doñana 1998, han hecho una apuesta seria y decidida, dotándose de este tipo de alojamientos de última generación, de máxima calidad, diseño y confort para sus trabajadores, mejorando su imagen de calidad y asumiendo un compromiso total con la salud, seguridad y bienestar de sus trabajadores.

Pero las buenas prácticas e intenciones de los empresarios no son suficientes para revertir la situación, es totalmente necesario que las administraciones públicas pongan todos los medios técnicos, legislativos y económicos a su alcance para poder hacerlo realidad. Normalmente, los trabajadores, se alojan en los mismos centros de producción, es decir en las fincas, que suelen estar lejos de los núcleos urbanos, que por otro lado, “carecen de un parque de viviendas en alquiler adecuado a las necesidades del sector, temporalidad, espacio y confort, quedando parcialmente aislados y sin poder acceder a los servicios normales que cualquier persona requiere en su día a día.”

De ahí, la necesidad de poder edificar dentro de los propios campos, los alojamientos y otros edificios accesorios que vengan a suplir en la medida de lo posible, las carencias de quienes no pueden desplazarse a una población en condiciones óptimas y regulares.

Las leyes autonómicas y locales,  en materia de uso del suelo y su viabilidad edificatoria, han de adaptarse a la realidad social, que nos es otra que la expuesta en párrafos anteriores, considerando estos edificios, como parte principal y necesaria de la actividad económica y empresarial, pues de ella sin duda, depende la buena marcha de la misma y la garantía de ofrecer a sus empleados las condiciones laborales y sociales que desde Europa, tanta veces nos han exigido.

Es vital, si queremos garantizar el futuro del sector, que todos trabajemos en la búsqueda de soluciones que permitan a nuestras empresas crecer, bajo la tutela de la administración en la ayuda y cobertura para ejecutar los proyectos necesarios para mejorar las condiciones laborales y sociales de los trabajadores y trabajadoras.