Con la llegada oficial del verano e inmersos en la primera ola de calor, Greenpeace presenta su informe Grandes incendios forestales en España: qué ocurrió en 2025 y qué debe cambiar. La organización analiza lo ocurrido en 2025 y propone retos y demandas para abordar un problema social y ambiental que va en aumento y que supone una amenaza creciente para la población y los ecosistemas. Greenpeace exige que no se olviden de las zonas afectadas en 2025 y que se actúe en 2026, poniendo el foco en los impactos posincendios y en la prevención.

La organización recuerda que se acaba de inaugurar el verano y que 2026 ya supera la media de los últimos diez años en superficie afectada, con nueve grandes incendios forestales. En 2026, la superficie quemada casi se ha triplicado con respecto a 2025 y los grandes incendios han pasado de 1 en 2025 a 9 en 2026. Y hay todo un periodo estival de riesgo por delante.

“Los incendios de 2025 parecen algo del pasado pero sus consecuencias siguen muy presentes. La población de las zonas afectadas aún lidian con las secuelas del fuego. Debemos exigir medidas de restauración en las zonas devastadas, visibilizar los impactos que perduran tras las llamas y reforzar la prevención para evitar que en 2026 volvamos a perder tanto porque este año pinta ya muy mal”, explica Mónica Parrilla, responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace.

2025: el año que evidenció el colapso del sistema

No fue un año “impredecible” o “sin precedentes”. Diversas entidades científicas, forestales y la propia Greenpeace llevan tiempo advirtiendo sobre la evolución de los incendios hacia eventos más grandes. Los años 2006, 2012, 2017, 2022 fueron terribles y en ellos se repitieron demandas consensuadas que no han llegado a implementarse. Y llegó 2025, que será recordado por una intensidad sin precedentes y un comportamiento del fuego que desbordó la capacidad de respuesta.

Algunos datos: aunque el número total de incendios descendió, los Grandes Incendios Forestales (GIF) se triplicaron respecto a la media y alcanzaron una capacidad destructiva cuatro veces superior. De los diez mayores incendios registrados en la historia de España, cinco ocurrieron en 2025 (el 0,061% del total de siniestros, concentraron el 36% del área afectada). Entre el 8 de agosto y el 2 de septiembre se llegó a registrar la simultaneidad de hasta diez grandes incendios en un mismo día, poniendo al límite la capacidad operativa de extinción.

El impacto humano, ambiental y económico fue devastador: ocho personas fallecieron, 86 resultaron heridas, más de 42.000 fueron evacuadas y otras 108.000 permanecieron confinadas. Las emisiones alcanzaron los 19 millones de toneladas de CO₂, la cifra más alta de los últimos 23 años, mientras que el fuego afectó a hábitats de especies amenazadas como el oso pardo, el urogallo y el desmán ibérico. Solo las labores de extinción supusieron un coste estimado de entre 3.548 y 6.741 millones de euros.

Visita a las zonas afectadas en 2025

Diez meses después del vuelo que la organización realizó por el denominado “triángulo del fuego”, Greenpeace ha vuelto de nuevo a muchas de las zonas afectadas en León, Lugo, Zamora y Ourense (1) para comprobar la severidad de los incendios, que se analiza mediante imágenes satelitales, trabajo de campo y comparaciones entre el estado previo y posterior al incendio, utilizando índices como el dNBR (Differenced or Delta Normalized Burn Ratio, por sus siglas en inglés), que mide el cambio producido por el fuego en la cubierta vegetal.

De la superficie quemada en 2025, el 47% presentó una severidad alta, mientras que el 22% sufrió una severidad moderada-alta. Todos los incendios comparten una realidad clara: el alto grado de severidad. Es decir, el daño producido y que es visible en la escasa o nula regeneración natural.

Otra de las realidades que se puso de manifiesto en la visita a las zonas fue la evidencia de la necesidad de protocolos de respuesta rápida tras apagarse las llamas (estabilización de la emergencia) para evaluar de forma temprana los daños, priorizar las zonas de actuación y aplicar medidas urgentes para proteger el suelo, reducir la erosión y minimizar los impactos sobre el agua y la biodiversidad. En Galicia, en estos días, las intensas lluvias en zonas quemadas como Valdeorras o Viana han intensificado los daños por arrastres de agua y cenizas, provocando deslizamientos de tierra debido a la falta de vegetación.

“Tras un año, hemos podido comprobar el actual nivel de destrucción”, explica Parrilla. “El aspecto de algunos pueblos afectados sigue siendo desolador. En numerosas zonas la severidad ha sido tan alta que ni todas las abundantes lluvias del invierno han logrado hacer brotar una sola brizna de hierba. La “negrura” del suelo erosionado llega a apreciarse hasta casi 20 centímetros por debajo de la superficie y el olor a quemado todavía persiste en algunas laderas ¡casi un año después!”.

La experiencia del incendio de Las Médulas demostró que estas actuaciones tempranas son eficaces: técnicas como el acolchado con paja agrícola (echar paja en zona quemada para evitar que haya arrastres de suelo, de cenizas) lograron reducir la erosión del suelo en un 85%, favoreciendo la recuperación del territorio.

En la mayoría de las zonas visitadas había poca presencia de diques, acolchados y, en todas las zonas, hubo o hay restricciones de agua potable. Es lo que ya mismo debería hacerse en las zonas afectadas por el fuego este 2026 para evitar que el impacto de las llamas siga afectando.

Causas que originan, que propagan y que agravan

Hay que recordar que el 95% de los incendios tienen causa humana, por tanto la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir las igniciones y evitar incendios cada vez más extremos. Los cinco grandes incendios más destructivos de 2025 tuvieron causas diversas: dos fueron provocados por rayos asociados a tormentas secas (Las Médulas y Valdeorras–Porto–Encinedo), otro una negligencia porque se originó durante trabajos de desbroce con maquinaria agrícola (Oímbra), Molezuelas de la Carballeda se apuntó a un posible origen humano sin conclusión definitiva y el de Larouco, fue considerado de origen intencionado, aunque no se ha hecho pública información que permita determinar la tipología concreta de la intencionalidad (quemas agroganaderas sin autorización, eliminación de matorral, conflictos sobre los usos del territorio, actos vandálicos, piromanía u otras motivaciones.

En cualquier caso, todas estas conductas constituyen infracciones graves o delitos tipificados en la legislación vigente cuando provocan o pueden provocar incendios forestales).

El cambio climático y la despoblación rural están agravando la propagación y severidad de los incendios. Los cinco grandes fuegos se produjeron en territorios especialmente afectados por el abandono rural y durante la ola de calor más larga registrada en España, con 33 días de duración. El 71,4% de los grandes incendios de 2025 coincidieron con episodios de calor extremo.

El cambio climático aumenta la probabilidad e intensidad de las condiciones que favorecen los incendios (la vegetación se seca convirtiéndose en combustible susceptible de arder) y también incrementa la frecuencia de tormentas secas y rayos, la única causa natural de ignición. Según estudios de atribución, el cambio climático hizo que las condiciones meteorológicas que provocaron los incendios de 2025 fueran 40 veces más probables y un 30% más intensas.

La crisis de 2025 evidenció cómo la desinformación y las contradicciones institucionales dificultaron la comprensión del problema y desviaron el debate de las causas y soluciones reales. Resultó especialmente preocupante la utilización política de aspectos técnicos del sistema de emergencias, pese a que las competencias y protocolos están claramente definidos. Convertir una emergencia de esta magnitud en un instrumento de confrontación es irresponsable.

Por tanto, es imprescindible una comunicación pública rigurosa y transparente que explique las causas de los incendios, los factores que favorecen su propagación y las limitaciones de los dispositivos de extinción. Una ciudadanía bien informada está mejor preparada para prevenir y afrontar un riesgo creciente agravado por la crisis climática.

Algunos avances

Desde el pasado verano, se han producido algunos avances en materia de prevención, coordinación y planificación. Entre ellos, destaca el papel de la Fiscalía de Medio Ambiente, que reforzó la exigencia de cumplimiento de los planes preventivos en zonas de alto riesgo y advirtió de que su ausencia o falta de aplicación podría ser un elemento relevante para determinar posibles responsabilidades por negligencia.

A nivel estatal, se aprobaron directrices comunes para los planes anuales de las comunidades autónomas y se impulsó el futuro Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, incorporando medidas como la gestión activa del monte, las quemas prescritas, el pastoreo extensivo o los paisajes en mosaico para reducir el riesgo de grandes incendios.

Durante 2026 también se produjeron avances relevantes en coordinación institucional y respuesta ante emergencias. La aprobación de una nueva Directriz Básica de Protección Civil reforzó la interoperabilidad entre administraciones y mejoró los mecanismos de actuación conjunta ante incendios que afectan a varias comunidades autónomas.

Asimismo, se anunciaron inversiones para restauración ambiental y actuaciones hidrológico-forestales en zonas afectadas por incendios de elevada severidad, mientras que la cooperación entre España y Portugal se fortaleció a través de la Alianza por la Seguridad Climática.

Sin embargo, pese a estos progresos y al aumento de algunas partidas autonómicas destinadas a prevención, expertos y organizaciones ambientales coinciden en que el cambio sigue siendo insuficiente. La inversión continúa concentrándose mayoritariamente en la extinción, persisten carencias en planificación local y medios humanos, y la prevención sigue sin recibir la prioridad necesaria para abordar las causas estructurales que favorecen los grandes incendios forestales.

Demandas urgentes a las Administraciones

Los incendios forestales son un problema social y ambiental de gran escala. Muchas de las causas que explican los grandes incendios forestales son estructurales y requieren políticas sostenidas en el tiempo. Otras muchas medidas requieren aplicación de forma inmediata:Nueva Estrategia de Prevención: recuperar campañas de sensibilización como el histórico “Todos contra el fuego” en un contexto de cambio climático y reforzar los medios de investigación de causas (Fiscalía, Seprona y Agentes Forestales).

1. 1. Inversión en Gestión Forestal: destinar al menos 1.000 millones de euros anuales para gestionar el paisaje a escala nacional, preparando el territorio para el paso de las llamas.
   2. Estabilidad laboral al operativo de extinción.
   3. Protección a la población: asegurar que todos los municipios en zonas de riesgo cuenten con planes de prevención y emergencia municipales efectivos.
   4. Protección de la biodiversidad: aplicar moratorias inmediatas a la actividad cinegética y al sobrepastoreo en zonas quemadas y adyacentes para facilitar la recuperación de la fauna superviviente.
   5. Implementación de protocolos de respuesta rápida posincendio que incluyan la evaluación temprana, la priorización de las zonas más vulnerables y la ejecución inmediata de medidas de estabilización de emergencia para proteger el suelo, reducir la erosión e impactos sobre los recursos hídricos y la biodiversidad.
   6. Un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que garantice una política pública estable y ajena a los ciclos electorales.
   7. La consolidación de la Alianza por la seguridad climática frente a los incendios forestales requiere el compromiso estable de los gobiernos de España y Portugal.